Ministra de la SCJN y Titular de Segob Trabajan en Destinación de Recursos para Damnificados por Huracán “Otis”

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, han entablado conversaciones para abordar el destino de 15 mil millones de pesos que habían sido eliminados del presupuesto del Poder Judicial.

Estos recursos se están considerando para asistir a las personas afectadas por el huracán “Otis” en Guerrero.

La iniciativa surge tras la directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina destacó la importancia de destinar estos recursos a la ayuda de las víctimas del huracán.

Luisa María Alcalde compartió la carta de respuesta de Norma Lucía Piña, en la cual la ministra presidenta de la SCJN manifestó su apoyo a la idea de crear un fondo conjunto, integrado por representantes de los tres Poderes de la Unión.

“Reconocemos la sensibilidad y disposición de la ministra Norma Lucía Piña, Presidenta de la @SCJN y del @CJF_Mx, de trabajar de manera conjunta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a atender a las y los damnificados por el Huracán #Otis en Guerrero”, escribió la titular de Segob en su cuenta de X (antes Twitter).

Este fondo se encargaría de administrar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales serían reintegrados a la Tesorería de la Federación.

La comisión tendría la responsabilidad de determinar, de manera colegiada, cómo se distribuirán estos fondos y asegurar que se apliquen siguiendo principios de transparencia y máxima publicidad.

Cabe destacar que la respuesta de la ministra no solo está enfocada en ayudar a las personas damnificadas por el huracán “Otis” en Guerrero, sino también fortalecer la coordinación y el diálogo respetuoso entre los Poderes de la Unión.

Este esfuerzo conjunto entre la SCJN y la Segob refleja la voluntad de las instituciones para abordar situaciones de emergencia y garantizar una gestión transparente de los fondos destinados a la recuperación de las áreas afectadas por desastres naturales.

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