La organización cuestionó que las dificultades económicas de la empresa TELNOR recaigan sobre sus trabajadores y también advirtió sobre otras medidas que afectan los derechos de los telefonistas integrantes del STRM como los salarios diferenciados.
Ciudad de México, noviembre de 2026. Alrededor de 200 trabajadoras y trabajadores de Teléfonos del Noroeste (Telnor), en Baja California y Sonora, fueron separados de sus puestos durante septiembre, situación que encendió las alertas de la Alianza Nacional Telefonista (ANT), que denunció posibles afectaciones a sus derechos laborales y exigió la reinstalación de quienes hayan sido despedidos injustificadamente.
La organización cuestionó que sean las y los trabajadores quienes enfrenten las consecuencias de los problemas financieros de la empresa, particularmente cuando está en juego su fuente de ingresos y la estabilidad económica de sus familias.
De acuerdo con la ANT, Telnor ha justificado las separaciones laborales por las dificultades económicas que enfrenta tras una multa impuesta por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo monto actualizado ronda los mil 791 millones de pesos.
Ante este escenario, la alianza sostuvo que las decisiones administrativas y financieras de una empresa no deben resolverse a costa de los derechos de su personal. Por ello, exigió respetar el Contrato Colectivo de Trabajo, los procedimientos laborales y las condiciones conquistadas por las y los telefonistas, al advertir que los problemas económicos no deben convertirse en un argumento para debilitar la protección del empleo.
A esta situación se suma la disputa por la democracia sindical. La ANT informó que el pasado 30 de septiembre un Tribunal Colegiado negó el amparo en revisión RT 72/2025, promovido por el dirigente Francisco Hernández Juárez, al considerar inoperantes los argumentos presentados.
Según la organización, esta resolución permite reactivar la demanda identificada con el expediente 1171/2024, relacionada con la vida democrática del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Con ello, el procedimiento judicial podrá continuar hasta que la autoridad competente emita una sentencia.
Para la ANT, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la participación de las y los trabajadores en las decisiones de su sindicato y garantizar que sus derechos de representación sean respetados.
Otro de los puntos de preocupación es la desigualdad salarial. La organización también rechazó el esquema de salarios diferenciados contemplado en los acuerdos de la última revisión contractual entre Telmex y el STRM, al considerar que establece diferencias en los incrementos salariales y afecta particularmente a las personas jubiladas.
La alianza advirtió que estas medidas pueden profundizar las desigualdades entre integrantes de un mismo sindicato y generar divisiones entre trabajadores activos y jubilados, por lo que exigió revisar los compromisos establecidos y encontrar una solución que garantice condiciones de igualdad.
Finalmente, la ANT hizo un llamado a las y los telefonistas a mantenerse unidos, respaldar a quienes perdieron su empleo y defender tanto sus condiciones laborales como su derecho a participar en las decisiones sindicales.
La organización insistió en que las dificultades económicas de las empresas no deben traducirse en pérdida de empleos, debilitamiento de las condiciones de trabajo ni retrocesos en los derechos laborales adquiridos.
