Puebla, Pue.— Diversas asociaciones de abogados del Estado de Puebla solicitaron formalmente al senador Gerardo Fernández Noroña y a integrantes de la Cámara Alta revisar el caso del consejero del Poder Judicial, Pedro Antonio Hernández, quien ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad dentro del Consejo de la Judicatura estatal.
Los litigantes advirtieron que el funcionario habría incurrido en graves irregularidades al intervenir en procesos judiciales para favorecer a particulares con los que mantiene vínculos personales y económicos, afectando la independencia de los jueces y el principio de legalidad en los tribunales poblanos.
Entre los señalamientos más delicados destacan casos en los que se acusa al consejero de presionar a jueces de control y magistrados para manipular resoluciones, además de participar en esquemas de extorsión ligados a disputas patrimoniales y mercantiles de alto valor.
Las agrupaciones jurídicas recordaron que existen denuncias públicas sobre la detención irregular del empresario Javier Millán Mora, dentro de la causa 557/2025/Cholula, así como intervenciones indebidas en procesos familiares y mercantiles, como el expediente JOF/DJP/3491/2025/A-GC, donde habría favorecido a una de las partes.
Los abogados enfatizaron que Hernández no cumpliría con los requisitos legales para ocupar el cargo, incluida la edad mínima establecida por la ley, y denunciaron que su designación se concretó pese a observaciones internas y advertencias de servidores judiciales.
En su llamado, las asociaciones exigieron al Senado de la República revisar la actuación del Consejo de la Judicatura de Puebla y, en su caso, promover los procedimientos correspondientes ante la Comisión de Justicia y la Secretaría de Gobernación para garantizar el respeto a la autonomía del Poder Judicial local.
Asimismo, pidieron que se investiguen las presuntas redes de complicidad entre funcionarios judiciales y fiscales provenientes de otras entidades, quienes —según testimonios— habrían montado cateos y operativos con fines de extorsión.
“Lo que ocurre en Puebla es grave. Si no se detiene, se pondrá en riesgo la credibilidad del sistema judicial en su conjunto”, alertaron los abogados en su pronunciamiento, al tiempo que solicitaron al senador Fernández Noroña encabezar una revisión imparcial y transparente del caso.
El llamado, subrayaron, busca preservar la integridad del Poder Judicial y frenar el uso de los tribunales como instrumento de persecución o beneficio personal.
