La difusión de una grabación fechada el 27 de noviembre de 2025 añadió un nuevo elemento al diferendo entre la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) y el Gobierno de Nuevo León, al revelar un presunto cobro de hasta 50 millones de pesos como condición para permitir la operación de la pedrera ubicada en el municipio de Cerralvo.
De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.
En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.
La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.
En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.
El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.
