La diputada María José Sánchez Escobedo (PRI) propone reformar el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueva entre los estudiantes una cultura inclusiva y de apoyo a las personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social.

Ello, con el objetivo de instaurar en las aulas una mentalidad de inclusión que sensibilice a las y los estudiantes sobre las diversas realidades que componen nuestra sociedad. Asimismo, se fomente el respeto por la diversidad, crear un entorno educativo saludable y promover la confianza en cada estudiante, reflejando así una cultura educativa inclusiva.

La propuesta, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, señala que el derecho a la educación representa uno de los derechos fundamentales, tanto constitucionales como humanos, para las personas que se encuentran en situaciones de discapacidad. Este derecho desempeña un papel esencial en la formación y capacitación de este grupo social.

En su exposición de motivos, resalta que en la actualidad persiste una estrecha relación entre la exclusión y la discriminación, factores que constantemente amenazan la diversidad presente en nuestra sociedad. En el ámbito educativo, la exclusión tiene un impacto significativo en las oportunidades de las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida social, alcanzar la independencia y autonomía, así como para su desarrollo intelectual.

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada, ya que se enfrentan a actitudes negativas, estereotipos, estigma, violencia, abuso, aislamiento, y a la falta de políticas y leyes adecuadas.

El documento indica que es crucial avanzar en la legislación educativa, con el fin de establecer un sistema educativo universal que se base en la igualdad, participación y eliminación de la discriminación, en el marco de una sociedad verdaderamente democrática y global.

La diputada Sánchez Escobedo señala que una cultura inclusiva tiene como objetivo reflejar la importancia de crear comunidades escolares seguras, acogedoras y colaborativas, donde todos sean aceptados y valorados localmente. Sin embargo, la realidad del sistema educativo en México ha presentado dificultades, porque aún no se ha logrado promover plenamente el desarrollo inclusivo.

Manifestó que brindar una educación de calidad a estudiantes con diversas condiciones sigue siendo un desafío. Por ello, fomentar una cultura de inclusión entre las y los estudiantes de todos los niveles educativos se convierte en una prioridad fundamental.

El sistema educativo en México, añade la legisladora, debe reconocer el contexto de desigualdad y exclusión que persiste en la actualidad; esto es fundamental para la creación de estrategias destinadas a reducir o incluso eliminar conductas y omisiones discriminatorias.

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