El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 403 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el fin de aumentar al doble las sanciones para quien falsifique una marca con fines de especulación comercial.

De esta forma, se impondrían de seis a 20 años de prisión y multa de cuatro mil a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se cometa el ilícito. Actualmente, la sanción es de tres a 10 años de prisión y una multa de dos mil a 500 mil UMA.

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, precisa que el incremento de la penalidad busca disuadir la práctica de dicho delito y promover el consumo responsable y la sostenibilidad.

En su exposición de motivos, el legislador refiere que, de acuerdo con estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), México ocupa el cuarto lugar mundial y el primer sitio en América Latina en los delitos de piratería y contrabando, lo que genera el equivalente a 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) documentó que la piratería ocasiona daños severos a la economía de un país, menoscabando la innovación, investigación, crecimiento económico y posicionamiento de las marcas locales legalmente establecidas.

Por ello, el diputado Carrillo Soberanis manifiesta que esta actividad crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por su parte, la Organización Mundial de Comercio define a la piratería como la reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes e indicaciones geográficas) con fines comerciales.

Señala que la proliferación de productos apócrifos se ha convertido en un desafío a nivel internacional. Menciona que esta actividad abarca diversos sectores, desde la moda y la electrónica, hasta los medicamentos y las piezas de automóviles, impactando principalmente a las empresas legítimas y a los productores y comercializadores de productos originales y locales.

Subraya que no se trata de una defensa superficial de las marcas, sino de un acto de responsabilidad y legalidad para éstas, pues “son las empresas legítimas quienes invierten recursos en investigación, desarrollo y marketing para crear y posicionar productos originales, viendo afectados sus ingresos, lo que puede resultar en recortes de su planta laboral y dificultades financieras que impactan negativamente a la economía nacional”.

Agrega que la piratería también pone en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores, quienes confían en la autenticidad de los productos que adquieren, especialmente alimentos y medicamentos.

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